El pleno del Congreso peruano buscaba inhabilitar a Betssy Chávez, aislada por México, por 10 años en el desempeño de actividades públicas
El pleno del Congreso de Perú no logró este miércoles 19 de noviembre de 2025 los votos suficientes para sacar adelante una moción que buscaba inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, que desde hace dos semanas se encuentra asilada en la Embajada de México.
Con votos a 63 favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el informe que proponía su inhabilitación para puestos públicos por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 no alcanzó los 68 votos necesarios para aprobarse, por lo que la resolución legislativa pasó al archivo.
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La moción fue presentada en marzo de 2023 por la parlamentaria del partido conservador Renovación Popular, Patricia Chirinos, en la que afirmaba que Chávez, en su condición de ex primera ministra, tuvo participación en el intento de golpe de Estado pronunciado por Castillo.
El documento proponía "la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública" por la infracción de varios artículos de la Constitución, en relación con su rol "en las acciones previas, simultáneas y posteriores al acto inconstitucional atribuido al entonces presidente".
Por evidenciar que la denunciada habría faltado a la verdad en sus declaraciones ante la Subcomisión de Acusaciones y que perteneciera al grupo que perpetró el golpe de Estado el día del mensaje a la nación por el expresidente
Chávez fue detenida en junio de 2023 y, hasta septiembre de este año, estuvo encarcelada en prisión preventiva por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado, caso por el que la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
La ex primera ministra salió en libertad luego de que el Tribunal Constitucional reconoció que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional, y hace dos semanas recibió el asilo por parte del gobierno de México, que la acogió en la residencia del embajador, donde permanece hasta ahora.
Hasta el momento, el gobierno peruano no ha entregado el salvoconducto para que viaje a México, ya que antes quiere lograr el apoyo de más países en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas, que regula el asilo político diplomático.
Desde que el gobierno de México otorgó el asilo a Chávez, el Ejecutivo peruano decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
Con información de: N+ y EFE
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