La FGR reportó 47 detenidos y un 64% de avance en el procesamiento del Rancho Izaguirre; los restos óseos hallados corresponden a un hombre aún sin identificar
Un año después de que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se convirtiera en el centro de una de las investigaciones más complejas del país, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó este jueves avances concretos pero incompletos: 47 personas detenidas, restos óseos sin identificar y un procesamiento del lugar que todavía no concluye.
En paralelo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación formal contra autoridades estatales por omisiones graves en el manejo de la escena.
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Las investigaciones de la FGR determinaron que el predio era utilizado como un sitio de adiestramiento donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y desafíos. El lugar contaba con un área simulada como casa táctica para entrenamiento en cobertura, movimiento y generación de reacción.
De acuerdo con la información con la que cuenta la fiscalía, en ese centro se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, incluidas prendas de vestir, para hacerlas portar otro tipo de vestimenta.
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En el procesamiento del sitio, la FGR localizó fragmentos y multifragmentos de restos óseos, además de elementos balísticos y prendas de vestir. A partir de esos fragmentos se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino; sin embargo, al confrontarlo contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas registrados en la base de datos, no se obtuvo un resultado concluyente que permita su identificación. Las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.
La institución subrayó que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas al resultado de los análisis forenses. A la fecha, el procesamiento integral del lugar de intervención registra un avance del 64.44 por ciento. Los indicios se analizan en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense y en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco.
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Al momento del comunicado, la FGR informó que se ha logrado la detención de 47 personas vinculadas al caso. Existen además órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales. Las diligencias continúan a través de la Agencia de Investigación Criminal, en acompañamiento del agente del Ministerio Público de la Federación, y de forma coordinada con los tres niveles de gobierno.
Entre los antecedentes relevantes del caso, el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión 'N', fue vinculado a proceso penal en mayo de 2025 por el delito de delincuencia organizada agravada, al considerársele presunto responsable en los hechos del Rancho Izaguirre. La jueza de control Juana Beatriz Aguilar determinó su reclusión en el Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, donde permanece.
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Este mismo jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El organismo señaló que ambas instituciones no realizaron de manera integral el procesamiento técnico de los indicios localizados en el sitio, lo que derivó en violaciones a los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
Entre las fallas documentadas por la CNDH: un lote óseo y varios objetos hallados el 3 de octubre de 2024 no fueron debidamente asegurados, clasificados ni registrados; la cadena de custodia de diversas prendas y evidencias no se documentó correctamente; tres de los vehículos asegurados fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024; la confronta genética de muestras biológicas se realizó hasta marzo de 2025, con un retraso injustificado; y el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de personas al inmueble cuando aún estaba en proceso de intervención pericial, lo que derivó en la alteración del sitio y posibles indicios.
La CNDH solicitó a ambas instituciones que, en un plazo de seis meses, realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública, actualicen sus protocolos de preservación de escenas y cadena de custodia, e implementen capacitación especializada en derechos humanos, además de colaborar en los procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados.
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CT
