La Fiscalía de Sinaloa fijó su postura ante las presuntas acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios del estado, incluido el gobernador Rubén Rocha.
¿Qué dice la Fiscalía de Sinaloa sobre las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha? Conoce su postura sobre las solicitudes de extradición de EUA.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó su postura ante las presuntas acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra diversos servidores públicos, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios.
En un comunicado emitido desde Culiacán, la dependencia subrayó que, en el ámbito nacional, cualquier solicitud derivada de estos señalamientos debe apegarse a la Constitución mexicana, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
Asimismo, precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la procedencia legal de dichas solicitudes, con base en los datos de prueba que se presenten.
La Fiscalía estatal enfatizó que en México prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin una resolución judicial.
También destacó que toda actuación en materia de justicia debe conducirse con apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.
Este posicionamiento surge luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis.
De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas ni para autorizar detenciones provisionales con fines de extradición.
Las acusaciones, provenientes de autoridades en Nueva York, incluyen señalamientos relacionados con presuntos delitos como la importación de narcóticos y la posesión de armamento; sin embargo, serán las instancias mexicanas las encargadas de evaluar la viabilidad legal del caso conforme al marco jurídico nacional.
